Radiografía del docenio del gobierno kirchnerista, la fuerza del populismo (4)
En este artículo, que se suma al análisis del docenio kirchnerista, se expone la contracara de un discurso inclusivo. Así como en el anterior escrito rescaté las iniciativas que fueron positivas, en el presente detallo aquellas que no lo fueron.
Las evidencias de la caída en la economía, la intervención del I.N.D.E.C., la corrupción en la obra pública, un militar involucrado, y hoy procesado, por delitos de lesa humanidad, son contradicciones que llevaron a derrumbar el discurso kirchnerista.
Una vez más, intento comprender y exponer una parte de la historia para la reflexión. Un análisis que da respuesta a la derrota en las elecciones del 2015.
La contracara de las excelentes medidas de raigambre social y sus consecuencias en las elecciones del 2015
Tal como lo describe Aldo Ferrer, el mandato llega al 2015 económicamente exhausto, sin posibilidad de financiamiento externo y ya prácticamente agotado el crédito interno. Se ve obligado a sostener el gasto público en los últimos años, a través de la emisión monetaria y el consecuente proceso inflacionario.
A partir del 2011, el modelo basado en el consumo se revela incapaz. Ineptitud no sólo en sostener la ocupación de mano de obra formal, sino de incorporar mano de obra al mercado de trabajo.
La tasa de inversión, aspecto fundamental para el desarrollo futuro y genuino de la economía, descendió al 17 %. El piso para economías en desarrollo, como es el caso de Argentina, no debería ser menor al 22%. Incluso atento a los planteamientos de los autores citados en la sección, en su carácter de intelectuales solidarios con los movimientos populares. Aspectos no visibles para el conjunto de la sociedad, pero sí para el sector empresario e intelectuales críticos del modelo.
La intervención del gobierno en el 2007 del organismo oficial de producción de estadísticas significó un antes y un después. Intrusión que se produjo sin argumento valedero alguno, y con la exigencia de que sus funcionarios violaran el secreto estadístico. Los más importantes se negaron y, por ese hecho, fueron apartados de sus cargos.
A partir de la alteración de los números oficiales, el país dejó de contar con estadísticas confiables, quedando el organismo a cargo de seguidores incondicionales. De esta anomalía dieron cuenta distintas entidades internacionales. La cantidad de protestas obligó al gobierno a integrar un equipo proveniente de distintas universidades para evaluar metodologías y rigurosidad de la información. La principal conclusión de su análisis es que el problema no se centraba en la metodología, sino en el hecho de adulteración de datos. Lo cierto es que para un gran sector de la población, quedaba en claro que el gobierno se negaba a mostrar la realidad económica y social.
En términos económicos, durante el primer período, la economía creció a tasas mayores al 8%. El ascenso se produjo como consecuencia de las medidas apropiadas a esta fase de recuperación. Porcentajes que para el segundo período decaen a una tasa promedio del 5,1%, y en orden decreciente en el segundo período. Para algunos economistas, aún eran significativamente menores al del cálculo del Instituto Nacional de Estadísticas y censos (I.N.D.E.C.) intervenido.
Este comportamiento, dentro de un período en el que todavía el precio extraordinario de la soja se mantuvo, inclusive hasta el primer semestre del 2012. A posterior, las tasas se siguieron reduciendo, aún en las estadísticas del I.N.D.E.C. El Gobierno siguió aplicando políticas neo keynesianas, apelando e incluso exacerbando el consumo. Gasto, en muchos casos, sofisticados y ajenos a las necesidades de los sectores de menores ingresos.
La desaparición de los superávits gemelos, en directa correlación con la política del gasto público, marcó un punto de inflexión de la política económica.
La regresión paulatina en la distribución del ingreso a partir del 2011, el deterioro del ingreso real de los sectores informales estimados en más de un 30 % de la masa potencialmente asalariada, el sostenimiento desparejo de los ingresos reales respecto a la inflación -de distintos sectores formales según su capacidad de resistencia sindical- transformaron en volátiles los índices de igualdad en la distribución de los ingresos macroeconómicos. Modelo que, por sus endebles bases de sustentabilidad, conllevaba un serio riesgo de agravamiento, dada la imposibilidad de seguir solventando salarios con empleos públicos. Debilidad que se reflejaba acabadamente en la dimensión necesaria de subsidios al transporte y la energía para solventar niveles de ingresos. Agravando, de esta manera, la distorsión en el sistema de precios relativos, y su consecuencia negativa respecto al funcionamiento eficiente de la economía.
Dentro de ese cuadro de estancamiento, la irracionalidad del gasto público comienza a manifestarse con claridad en gran parte del conjunto social. Un claro ejemplo:
Se implementaron políticas ineficientes de carácter ambientalista, respecto a la gran minería o simplemente inexistentes para facilitar el avance del cultivo de la soja en desmedro de la feracidad de las tierras y de producciones alternativas. La oleaginosa se convirtió en un monocultivo en muchas partes del país, reemplazando a otros granos como el centeno, que disminuyó un 48%, el girasol que se redujo un 34%, y el trigo que cayó un 30% en ese período.
Consecuencias que se vieron agravadas por restricciones a la exportación, y que produjeron un significativo encarecimiento de los productos hechos a base de harina de trigo: las pastas, la pizza y las "facturas" (bollos o bizcochos dulces), tres clásicos de la dieta argentina.
En el mismo tenor, el desplazamiento de los campos ganaderos y la implementación de políticas de control ocasionaron una pérdida significativa del stock ganadero, agravando el problema de precios de otros productos de la canasta familiar.
Dentro de ese cuadro de despliegue de medidas de alto impacto, la política de vivienda nunca adquirió la magnitud necesaria. No llegó a ser significativa, dadas las dificultades presupuestarias y, fundamentalmente, por el problema inflacionario. Por lo tanto, ocasionaba un sensible perjuicio a los sectores medios y trabajadores calificados.
El presupuesto incorporado al sistema jubilatorio, de personas sin haber hecho aporte previo alguno, formó parte de la conciencia de aquellos que sí lo hicieron en su vida activa. Las personas que aportaron en su período de actividad laboral financiaron a los nuevos. Incluso recibiendo, los aportantes en su momento, magras jubilaciones en relación a su sacrificio. De hecho, dado que la mayor parte de los subsidios provenía del ANSES, dicha política agravó la situación de la mayoría de los ciudadanos que durante 30, y hasta 40 años, habían tributado, sin una mínima compensación satisfactoria. La actualización semestral, significó un reconocimiento de esta situación, pero el cuadro de base injusta no se modificó. Los juicios ganados judicialmente eran desconocidos.
El escenario propicio para la reforma fiscal y previsonal
Hubo una falta de decisión política para llevar a cabo una reforma fiscal integral, y así paliar o cambiar un sistema fiscal de carácter regresivo, confuso e incoherente.
El gobierno sostuvo el gravamen a la renta de los trabajadores, a partir de mínimos ingresos reales, para sostener la política del gasto público, y la rémora vigente de porciones privilegiadas al respecto, como el sector de la Justicia. Vale decir, los ingresos de los trabajadores formales formaban parte del sistema regresivo y de ello los resultados electorales en gran parte de los cordones industriales.
Durante el período de la gestión del kirchnerismo, el narcotráfico y la inseguridad se posicionaron en la realidad argentina. Sobre todo en las urbes de mayor población, afectando a miles de hogares y facilitando, a su vez, los entramados de corrupción principalmente en las fuerzas de seguridad. A partir de allí, la vinculación de gran parte de la sociedad respecto a las muertes resonantes de empresarios de drogas como la efedrina -como posibles aportes a las campañas del equipo de gobierno-, la falta de claridad en el accionar de los organismos de control pertinentes -Caso Sedronar y su consecuente administración de armas, el control del lavado de dinero, etc.- Un ejemplo fue Antonini Wilson introduciendo dólares sin justificativo alguno.
El hecho es que, durante los doce años de gobierno, la distribución de los recursos del Estado respondió a criterios de fidelidad política y de carácter esencialmente arbitrario. Provincias que no comulgaban con el estilo y la filosofía de acción de la gestión nacional fueron negadas al más mínimo recurso. El ejemplo paradigmático se dio ante la situación de desastre de las Sierras Chicas de Córdoba. Lo mismo pasaba al nivel de municipios, tal como lo revelan los aportes fundamentalmente en el Gran Buenos Aires o, por lo contario, las importantes contribuciones en términos de significación poblacional de provincias como Santa Cruz, Chaco o Santiago del Estero, entre otras.
Por otra parte, el concepto de costo de oportunidad era inexistente dentro de la concepción de gobierno y también en el control de recursos. El Fútbol para Todos sólo agravó las situaciones irregulares de los clubes y de muchos de sus dirigentes; los planes de construcción comprometieron a las Madres de Plaza de Mayo y a otros regentes del interior; la administración deficiente de Aerolíneas Argentinas; el engrosamiento de planteles en diversas instituciones de servicios o productos sin ninguna finalidad organizativa, caso Fábrica Militar de Aviones.
Muchas ideas interesantes, que luego se desvirtuaban por la práctica política. El sistema universitario recibía fondos con un sentido político de discriminación y, en la mayoría de los casos, con un inexistente control. El sistema de contrataciones de obras públicas se producía con la misma filosofía, el escaso control de los fondos otorgados al sistema ferroviario, como quedó plenamente revelado con la Tragedia de Once. Podría decir que esa era la tónica y que, por supuesto, muchos se beneficiaban del sistema.
La aclamada educación
La falta de eficacia y eficiencia dentro del sistema educativo fue notable. No sólo no mejoró en este aspecto sino que, salvo en islas urbanas muy determinadas, implicaron retrocesos objetivos, según las pruebas internacionales llamadas PISA[2]. El índice de abandono en las escuelas secundarias se mantuvo en niveles indeseables para el futuro de los jóvenes y del país. Se respondió a los problemas de rendimiento de la escuela primaria con medidas facilistas que tendían a ocultar el problema, pero no a solucionarlo. El proceso de traslado de alumnos de las escuelas públicas a privadas se siguió incrementando, lo que revelaba el deterioro del sistema público. Los períodos de huelgas de los maestros, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en los últimos años en la propia provincia de Santa Cruz, dañaron aún más las exigencias mínimas que se requieren para que los alumnos tengan posibilidades de insertarse en el mundo laboral.
La pobreza relevante, sólo en el discurso
A pesar de la política de subsidios implementadas, dentro de un período de recuperación de ingresos, la pobreza de carácter estructural no disminuyó en los términos que los excedentes agropecuarios hubieran permitido dentro de un plan de desarrollo sustentable. Al término del período K, seguía estando en el orden del 30 %, según las estimaciones del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. El propio I.N.D.E.C., intervenido en el 2014, durante el tercer trimestre, determinaba que el 10 % más rico se quedaba por lo menos con un tercio del ingreso nacional, dentro de un cuadro de precariedad laboral y un nivel de trabajo informal cercano al 40 %. La situación adquiere tal magnitud que la gestión desiste de medir la pobreza. La peor manifestación fue su desconocimiento en foros internacionales
La citada ausencia de una reforma fiscal integral, acorde a las necesidades de un país en desarrollo, la política de consumo también redundaba en favorecer a los sectores más acomodados. Se otorgaron subsidios a gastos superfluos, en desmedro del crecimiento potencial a mediano y largo plazo. Tal es el caso de los costos de traslados al exterior de la clase media, que obliga al gobierno a adoptar un sistema de control, que no tiene significación respecto al objetivo.
Sonados casos de corrupción de funcionarios importantes, incluso del Vicepresidente, con acciones evasivas o de control judicial. Acciones que se interpretaron, por una parte importante de la sociedad, como desconocimiento del rol de la Justicia, y evasión de responsabilidades por intentos varios de ponerle límites a través de mecanismos diversos. Caso paradigmático fue la modificación de la composición del Consejo de la Magistratura. El claro objetivo de control por parte de la Presidencia, lo que se interpretaba como la herramienta para controlar la actuación de los jueces para evitar acciones sobre los funcionarios del Estado.
La elección de candidatos para la elección presidencial fue de amplio rechazo en la opinión pública, incluso dentro de las filas del Partido Justicialista. Estaban identificados como sumidos en el estilo autoritario y, en algunos casos, con imágenes muy dañadas respecto a situaciones de falta de transparencia en los actos de gestión.
La destitución del Procurador General, ante uno de los casos que afectaba al Vicepresidente, le significó al Gobierno un deterioro importante en la imagen. Se desarrolló mayor reserva respecto a la libertad de los fiscales para actuar; además del hecho mismo de la preservación de jueces absolutamente indeseados por el conjunto pleno de la opinión pública. Peor aún lo ocurrido con su apoyo a lo que se llamó Justicia Legítima[3], por aparecer dicha organización como un movimiento en defensa propia y no en la búsqueda real de la transparencia del sistema de Justicia. Al reconocerse públicamente la debilidad judicial, personificado en fiscales o jueces incompetentes, más la identificación pública de prácticas de gastos suntuarios y la absolución inmediata de los agentes del gobierno ante instancias de denuncia, trajo como consecuencia el desprestigio de todo el sistema de representación. En alguna medida los juicios en Brasil -Lavajato y otros- agravan el panorama.
La permanencia de la delegación de poderes, constitucionalmente irrenunciables, de la Legislatura al Ejecutivo y el efectivo y permanente desconocimiento del rol de las cámaras como órganos de legislación, fueron factores que agravaban la imagen del Ejecutivo. Éste no solo controlaba un porcentaje desproporcionado del presupuesto público, sino que en los hechos ejercía un control total sobre su propia mayoría parlamentaria, en nombre de un gobierno que hablaba de la década ganada. Todo lo anterior, coordinado con distribución de recursos arbitrarios a los medios, según su nivel de adhesión al proyecto político; la acusación de vendepatria a todos aquellos que no estaban de acuerdo con las políticas implementadas, lograron mayor precariedad. La virulencia contra los medios representativos en mayor medida de clase media, como los casos del diario La Nación y Clarín para gran parte la población, significó un intento de amordazar a la prensa. Aunque el trasfondo de control social pudiera ser considerado pertinente, como era para el que suscribe esta serie de artículos. Los errores de implementación de esta ley fueron reconocidos públicamente por el primer interventor del organismo de control y ejecución.
Como expresé anteriormente, también existió la cooptación de organizaciones señeras por su resistencia a la dictadura, tal es el caso de Madres de Plaza de Mayo, a través de planes de vivienda o financiamiento de proyectos. Medidas que terminaron viciadas de sospechas. También la distribución de ingentes recursos a otras, que aun correctamente fundadas carecieron de control alguno.
Uso de los medios en forma exacerbada, como fueron las Cadenas Nacionales, y la descalificación permanente de los disidentes o contrarios a sus políticas en ellas.
Uso de la AFIP para amedrentar opositores mediante controles fiscales.
Política de vaciamiento de las Fuerzas Armadas, cooptación indebida e ineficiente de los altos mandos y ciertas paradojas, como nombrar como funcionario a un comandante acusado de crímenes de lesa humanidad.
Malestar en un importante sector de la sociedad por exceptuar de toda responsabilidad a los miembros de las fuerzas armadas revolucionarias: Léase Montoneros, FAR, ERP y otras. Inclusive con extensión de las causales de indemnización, mientras se ponía en la otra vereda todo lo que significaban las Fuerzas Armadas.
Apoyo irrestricto a los dirigentes universitarios afines al discurso presidencial, sobre todo a los plegados a la ley de medios. En el mismo tenor a sectores de la intelectualidad y el arte, claramente definidos por la adhesión al modelo con ingentes recursos, en muchos de los casos con controles precarios o irreales. La consecuencia fue que no revelaron ninguna capacidad de autocrítica.
Estas realidades, la confrontación como modelo exacerbado de acción y discurso político, el espejo del desquicio social y económico del estrecho aliado venezolano, minaron, a la luz de los resultados de las elecciones, el capital político del Poder Ejecutivo. Sobre todo, pusieron en duda para un gran sector de la población el concepto de democracia que el gobierno sustentaba.
[1] Guadagni, Alieto; 2013. La década no está ganada sino desperdiciada.
[2] Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes.
[3] Asociación que nuclea a jueces, fiscales, defensores, abogados, profesores universitarios y muchos otros ciudadanos.
Las evidencias de la caída en la economía, la intervención del I.N.D.E.C., la corrupción en la obra pública, un militar involucrado, y hoy procesado, por delitos de lesa humanidad, son contradicciones que llevaron a derrumbar el discurso kirchnerista.
Una vez más, intento comprender y exponer una parte de la historia para la reflexión. Un análisis que da respuesta a la derrota en las elecciones del 2015.
La contracara de las excelentes medidas de raigambre social y sus consecuencias en las elecciones del 2015
Tal como lo describe Aldo Ferrer, el mandato llega al 2015 económicamente exhausto, sin posibilidad de financiamiento externo y ya prácticamente agotado el crédito interno. Se ve obligado a sostener el gasto público en los últimos años, a través de la emisión monetaria y el consecuente proceso inflacionario.
A partir del 2011, el modelo basado en el consumo se revela incapaz. Ineptitud no sólo en sostener la ocupación de mano de obra formal, sino de incorporar mano de obra al mercado de trabajo.
La tasa de inversión, aspecto fundamental para el desarrollo futuro y genuino de la economía, descendió al 17 %. El piso para economías en desarrollo, como es el caso de Argentina, no debería ser menor al 22%. Incluso atento a los planteamientos de los autores citados en la sección, en su carácter de intelectuales solidarios con los movimientos populares. Aspectos no visibles para el conjunto de la sociedad, pero sí para el sector empresario e intelectuales críticos del modelo.
La intervención del gobierno en el 2007 del organismo oficial de producción de estadísticas significó un antes y un después. Intrusión que se produjo sin argumento valedero alguno, y con la exigencia de que sus funcionarios violaran el secreto estadístico. Los más importantes se negaron y, por ese hecho, fueron apartados de sus cargos.
A partir de la alteración de los números oficiales, el país dejó de contar con estadísticas confiables, quedando el organismo a cargo de seguidores incondicionales. De esta anomalía dieron cuenta distintas entidades internacionales. La cantidad de protestas obligó al gobierno a integrar un equipo proveniente de distintas universidades para evaluar metodologías y rigurosidad de la información. La principal conclusión de su análisis es que el problema no se centraba en la metodología, sino en el hecho de adulteración de datos. Lo cierto es que para un gran sector de la población, quedaba en claro que el gobierno se negaba a mostrar la realidad económica y social.
En términos económicos, durante el primer período, la economía creció a tasas mayores al 8%. El ascenso se produjo como consecuencia de las medidas apropiadas a esta fase de recuperación. Porcentajes que para el segundo período decaen a una tasa promedio del 5,1%, y en orden decreciente en el segundo período. Para algunos economistas, aún eran significativamente menores al del cálculo del Instituto Nacional de Estadísticas y censos (I.N.D.E.C.) intervenido.
Este comportamiento, dentro de un período en el que todavía el precio extraordinario de la soja se mantuvo, inclusive hasta el primer semestre del 2012. A posterior, las tasas se siguieron reduciendo, aún en las estadísticas del I.N.D.E.C. El Gobierno siguió aplicando políticas neo keynesianas, apelando e incluso exacerbando el consumo. Gasto, en muchos casos, sofisticados y ajenos a las necesidades de los sectores de menores ingresos.
La desaparición de los superávits gemelos, en directa correlación con la política del gasto público, marcó un punto de inflexión de la política económica.
La regresión paulatina en la distribución del ingreso a partir del 2011, el deterioro del ingreso real de los sectores informales estimados en más de un 30 % de la masa potencialmente asalariada, el sostenimiento desparejo de los ingresos reales respecto a la inflación -de distintos sectores formales según su capacidad de resistencia sindical- transformaron en volátiles los índices de igualdad en la distribución de los ingresos macroeconómicos. Modelo que, por sus endebles bases de sustentabilidad, conllevaba un serio riesgo de agravamiento, dada la imposibilidad de seguir solventando salarios con empleos públicos. Debilidad que se reflejaba acabadamente en la dimensión necesaria de subsidios al transporte y la energía para solventar niveles de ingresos. Agravando, de esta manera, la distorsión en el sistema de precios relativos, y su consecuencia negativa respecto al funcionamiento eficiente de la economía.
Dentro de ese cuadro de estancamiento, la irracionalidad del gasto público comienza a manifestarse con claridad en gran parte del conjunto social. Un claro ejemplo:
“Las iniciativas en favor de los sectores más necesitados, incluyendo la Asignación Universal por Hijo (A.U.H.). Iniciativas que, consideradas dentro del capital político del Gobierno Nacional, se constituían en un volumen monetario insignificante si estas eran comparadas con los subsidios a la clase media y alta de la sociedad, a través del sistema de financiamiento público al sistema de transporte y energía. Situación fundamentalmente otorgada dentro de Capital Federal y Conurbano. Algunas estimaciones proporcionan una relación de ocho veces mayor a favor de las clases medias.”[1]
Se implementaron políticas ineficientes de carácter ambientalista, respecto a la gran minería o simplemente inexistentes para facilitar el avance del cultivo de la soja en desmedro de la feracidad de las tierras y de producciones alternativas. La oleaginosa se convirtió en un monocultivo en muchas partes del país, reemplazando a otros granos como el centeno, que disminuyó un 48%, el girasol que se redujo un 34%, y el trigo que cayó un 30% en ese período.
Consecuencias que se vieron agravadas por restricciones a la exportación, y que produjeron un significativo encarecimiento de los productos hechos a base de harina de trigo: las pastas, la pizza y las "facturas" (bollos o bizcochos dulces), tres clásicos de la dieta argentina.
En el mismo tenor, el desplazamiento de los campos ganaderos y la implementación de políticas de control ocasionaron una pérdida significativa del stock ganadero, agravando el problema de precios de otros productos de la canasta familiar.
Dentro de ese cuadro de despliegue de medidas de alto impacto, la política de vivienda nunca adquirió la magnitud necesaria. No llegó a ser significativa, dadas las dificultades presupuestarias y, fundamentalmente, por el problema inflacionario. Por lo tanto, ocasionaba un sensible perjuicio a los sectores medios y trabajadores calificados.
El presupuesto incorporado al sistema jubilatorio, de personas sin haber hecho aporte previo alguno, formó parte de la conciencia de aquellos que sí lo hicieron en su vida activa. Las personas que aportaron en su período de actividad laboral financiaron a los nuevos. Incluso recibiendo, los aportantes en su momento, magras jubilaciones en relación a su sacrificio. De hecho, dado que la mayor parte de los subsidios provenía del ANSES, dicha política agravó la situación de la mayoría de los ciudadanos que durante 30, y hasta 40 años, habían tributado, sin una mínima compensación satisfactoria. La actualización semestral, significó un reconocimiento de esta situación, pero el cuadro de base injusta no se modificó. Los juicios ganados judicialmente eran desconocidos.
El escenario propicio para la reforma fiscal y previsonal
Hubo una falta de decisión política para llevar a cabo una reforma fiscal integral, y así paliar o cambiar un sistema fiscal de carácter regresivo, confuso e incoherente.
El gobierno sostuvo el gravamen a la renta de los trabajadores, a partir de mínimos ingresos reales, para sostener la política del gasto público, y la rémora vigente de porciones privilegiadas al respecto, como el sector de la Justicia. Vale decir, los ingresos de los trabajadores formales formaban parte del sistema regresivo y de ello los resultados electorales en gran parte de los cordones industriales.
Durante el período de la gestión del kirchnerismo, el narcotráfico y la inseguridad se posicionaron en la realidad argentina. Sobre todo en las urbes de mayor población, afectando a miles de hogares y facilitando, a su vez, los entramados de corrupción principalmente en las fuerzas de seguridad. A partir de allí, la vinculación de gran parte de la sociedad respecto a las muertes resonantes de empresarios de drogas como la efedrina -como posibles aportes a las campañas del equipo de gobierno-, la falta de claridad en el accionar de los organismos de control pertinentes -Caso Sedronar y su consecuente administración de armas, el control del lavado de dinero, etc.- Un ejemplo fue Antonini Wilson introduciendo dólares sin justificativo alguno.
El hecho es que, durante los doce años de gobierno, la distribución de los recursos del Estado respondió a criterios de fidelidad política y de carácter esencialmente arbitrario. Provincias que no comulgaban con el estilo y la filosofía de acción de la gestión nacional fueron negadas al más mínimo recurso. El ejemplo paradigmático se dio ante la situación de desastre de las Sierras Chicas de Córdoba. Lo mismo pasaba al nivel de municipios, tal como lo revelan los aportes fundamentalmente en el Gran Buenos Aires o, por lo contario, las importantes contribuciones en términos de significación poblacional de provincias como Santa Cruz, Chaco o Santiago del Estero, entre otras.
Por otra parte, el concepto de costo de oportunidad era inexistente dentro de la concepción de gobierno y también en el control de recursos. El Fútbol para Todos sólo agravó las situaciones irregulares de los clubes y de muchos de sus dirigentes; los planes de construcción comprometieron a las Madres de Plaza de Mayo y a otros regentes del interior; la administración deficiente de Aerolíneas Argentinas; el engrosamiento de planteles en diversas instituciones de servicios o productos sin ninguna finalidad organizativa, caso Fábrica Militar de Aviones.
Muchas ideas interesantes, que luego se desvirtuaban por la práctica política. El sistema universitario recibía fondos con un sentido político de discriminación y, en la mayoría de los casos, con un inexistente control. El sistema de contrataciones de obras públicas se producía con la misma filosofía, el escaso control de los fondos otorgados al sistema ferroviario, como quedó plenamente revelado con la Tragedia de Once. Podría decir que esa era la tónica y que, por supuesto, muchos se beneficiaban del sistema.
La aclamada educación
La falta de eficacia y eficiencia dentro del sistema educativo fue notable. No sólo no mejoró en este aspecto sino que, salvo en islas urbanas muy determinadas, implicaron retrocesos objetivos, según las pruebas internacionales llamadas PISA[2]. El índice de abandono en las escuelas secundarias se mantuvo en niveles indeseables para el futuro de los jóvenes y del país. Se respondió a los problemas de rendimiento de la escuela primaria con medidas facilistas que tendían a ocultar el problema, pero no a solucionarlo. El proceso de traslado de alumnos de las escuelas públicas a privadas se siguió incrementando, lo que revelaba el deterioro del sistema público. Los períodos de huelgas de los maestros, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en los últimos años en la propia provincia de Santa Cruz, dañaron aún más las exigencias mínimas que se requieren para que los alumnos tengan posibilidades de insertarse en el mundo laboral.
La pobreza relevante, sólo en el discurso
A pesar de la política de subsidios implementadas, dentro de un período de recuperación de ingresos, la pobreza de carácter estructural no disminuyó en los términos que los excedentes agropecuarios hubieran permitido dentro de un plan de desarrollo sustentable. Al término del período K, seguía estando en el orden del 30 %, según las estimaciones del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina. El propio I.N.D.E.C., intervenido en el 2014, durante el tercer trimestre, determinaba que el 10 % más rico se quedaba por lo menos con un tercio del ingreso nacional, dentro de un cuadro de precariedad laboral y un nivel de trabajo informal cercano al 40 %. La situación adquiere tal magnitud que la gestión desiste de medir la pobreza. La peor manifestación fue su desconocimiento en foros internacionales
La citada ausencia de una reforma fiscal integral, acorde a las necesidades de un país en desarrollo, la política de consumo también redundaba en favorecer a los sectores más acomodados. Se otorgaron subsidios a gastos superfluos, en desmedro del crecimiento potencial a mediano y largo plazo. Tal es el caso de los costos de traslados al exterior de la clase media, que obliga al gobierno a adoptar un sistema de control, que no tiene significación respecto al objetivo.
Sonados casos de corrupción de funcionarios importantes, incluso del Vicepresidente, con acciones evasivas o de control judicial. Acciones que se interpretaron, por una parte importante de la sociedad, como desconocimiento del rol de la Justicia, y evasión de responsabilidades por intentos varios de ponerle límites a través de mecanismos diversos. Caso paradigmático fue la modificación de la composición del Consejo de la Magistratura. El claro objetivo de control por parte de la Presidencia, lo que se interpretaba como la herramienta para controlar la actuación de los jueces para evitar acciones sobre los funcionarios del Estado.
La elección de candidatos para la elección presidencial fue de amplio rechazo en la opinión pública, incluso dentro de las filas del Partido Justicialista. Estaban identificados como sumidos en el estilo autoritario y, en algunos casos, con imágenes muy dañadas respecto a situaciones de falta de transparencia en los actos de gestión.
La destitución del Procurador General, ante uno de los casos que afectaba al Vicepresidente, le significó al Gobierno un deterioro importante en la imagen. Se desarrolló mayor reserva respecto a la libertad de los fiscales para actuar; además del hecho mismo de la preservación de jueces absolutamente indeseados por el conjunto pleno de la opinión pública. Peor aún lo ocurrido con su apoyo a lo que se llamó Justicia Legítima[3], por aparecer dicha organización como un movimiento en defensa propia y no en la búsqueda real de la transparencia del sistema de Justicia. Al reconocerse públicamente la debilidad judicial, personificado en fiscales o jueces incompetentes, más la identificación pública de prácticas de gastos suntuarios y la absolución inmediata de los agentes del gobierno ante instancias de denuncia, trajo como consecuencia el desprestigio de todo el sistema de representación. En alguna medida los juicios en Brasil -Lavajato y otros- agravan el panorama.
La permanencia de la delegación de poderes, constitucionalmente irrenunciables, de la Legislatura al Ejecutivo y el efectivo y permanente desconocimiento del rol de las cámaras como órganos de legislación, fueron factores que agravaban la imagen del Ejecutivo. Éste no solo controlaba un porcentaje desproporcionado del presupuesto público, sino que en los hechos ejercía un control total sobre su propia mayoría parlamentaria, en nombre de un gobierno que hablaba de la década ganada. Todo lo anterior, coordinado con distribución de recursos arbitrarios a los medios, según su nivel de adhesión al proyecto político; la acusación de vendepatria a todos aquellos que no estaban de acuerdo con las políticas implementadas, lograron mayor precariedad. La virulencia contra los medios representativos en mayor medida de clase media, como los casos del diario La Nación y Clarín para gran parte la población, significó un intento de amordazar a la prensa. Aunque el trasfondo de control social pudiera ser considerado pertinente, como era para el que suscribe esta serie de artículos. Los errores de implementación de esta ley fueron reconocidos públicamente por el primer interventor del organismo de control y ejecución.
Como expresé anteriormente, también existió la cooptación de organizaciones señeras por su resistencia a la dictadura, tal es el caso de Madres de Plaza de Mayo, a través de planes de vivienda o financiamiento de proyectos. Medidas que terminaron viciadas de sospechas. También la distribución de ingentes recursos a otras, que aun correctamente fundadas carecieron de control alguno.
Uso de los medios en forma exacerbada, como fueron las Cadenas Nacionales, y la descalificación permanente de los disidentes o contrarios a sus políticas en ellas.
Uso de la AFIP para amedrentar opositores mediante controles fiscales.
Política de vaciamiento de las Fuerzas Armadas, cooptación indebida e ineficiente de los altos mandos y ciertas paradojas, como nombrar como funcionario a un comandante acusado de crímenes de lesa humanidad.
Malestar en un importante sector de la sociedad por exceptuar de toda responsabilidad a los miembros de las fuerzas armadas revolucionarias: Léase Montoneros, FAR, ERP y otras. Inclusive con extensión de las causales de indemnización, mientras se ponía en la otra vereda todo lo que significaban las Fuerzas Armadas.
Apoyo irrestricto a los dirigentes universitarios afines al discurso presidencial, sobre todo a los plegados a la ley de medios. En el mismo tenor a sectores de la intelectualidad y el arte, claramente definidos por la adhesión al modelo con ingentes recursos, en muchos de los casos con controles precarios o irreales. La consecuencia fue que no revelaron ninguna capacidad de autocrítica.
Estas realidades, la confrontación como modelo exacerbado de acción y discurso político, el espejo del desquicio social y económico del estrecho aliado venezolano, minaron, a la luz de los resultados de las elecciones, el capital político del Poder Ejecutivo. Sobre todo, pusieron en duda para un gran sector de la población el concepto de democracia que el gobierno sustentaba.
[1] Guadagni, Alieto; 2013. La década no está ganada sino desperdiciada.
[2] Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes.
[3] Asociación que nuclea a jueces, fiscales, defensores, abogados, profesores universitarios y muchos otros ciudadanos.
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